El pleno de Ciutat Vella de mayo, presidido por Carles Martí, desestimó anular la modificación de PGM
Fecha: 1 de febrero del 2010. Remitente: Itziar González, concejal de Ciutat Vella. Destinatario: Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. “(…) me parece necesario, en tanto que miembro del equipo de gobierno municipal más próximo al ámbito de planeamiento (entorno del Palau de la Música en el barrio de Sant Pere), pedirte que a la vista de las noticias y las informaciones que van apareciendo en los medios de comunicación sobre la titularidad de la propiedad de las fincas del barrio de Sant Pere, propongas la revocación del planeamiento urbanístico que hemos impulsado las administraciones (Ayuntamiento y Generalitat), mediante la declaración de lesividad del acuerdo tomado en su momento”.
La ex concejal Itziar González –dimitió hace dos meses– habría sido el principal objeto de presión de la antigua dirección del Palau para lograr que la operación del hotel saliera adelante. Según el auto de la juez, Montull explicó que “no se atrevía a enfrentarse a los vecinos, y siempre intentaba dilatar el procedimiento”. Pero la que fue edil de Ciutat Vella también fue la primera en afrontar la realidad del proyecto teniendo en cuenta el desfalco del Palau y la acción de sus responsables. “Sólo después de garantizar que en todo el proceso se han cumplido las máximas de transparencia y concurrencia pública a las que están sometidas las administraciones públicas, estamos legitimados a sacar adelante este planeamiento”.
El llamamiento de González cayó en saco roto. En el pleno de Ciutat Vella del mes pasado, el primero tras su dimisión y que estaba presidido por el ex primer teniente de alcalde, Carles Martí, ERC presentó una propuesta para anular la modificación de PGM de las fincas afectadas. Una proposición calcada a la que se aprobó ayer en el pleno, pero que, curiosamente, en esa ocasión fue desestimada.
Tampoco en la dirección general de Patrimoni, dependiente de la Conselleria d’Economia, actuaron ante el alud de informaciones que avisaba de que todo lo que tocaban Millet y Montull había entrado en una espiral de sospecha desde el verano pasado con la entrada de los Mossos en el Palau. De hecho, según la juez que instruye el caso, Míriam de Rosa, en marzo del 2010 ni tan sólo se daban por informados de que la Fundació ya no era la propietaria de las fincas junto al Palau, sino que lo era Olivia Hotels. En abril, Economia requirió a la Fundació del Palau que cumpliera con las compensaciones económicas que se derivaban del convenio de marzo del 2006. Sin cantidad concreta. Sólo después de que la directora de Patrimoni, Immaculada Turu, se viera en un callejón sin salida en la comisión de investigación parlamentaria, Economia se avino a poner una cifra a su reclamación por la pérdida patrimonial sufrida: 5,6 millones.
Para la juez, tanto el convenio firmado entre la Fundació y la Generalitat como el posterior con el Ayuntamiento “adolecen de irregularidades”. En el primero de ellos, “no obra el informe jurídico preceptivo, informe de valoración de la pérdida de patrimonio por la Generalitat ni tampoco el informe de valoración del suelo adquirido por la Fundació”. La eficacia de ambos convenios “queda supeditada a la aprobación del Consell de Govern, que no consta se haya llevado a cabo; no se solicita la acreditación de titularidad de la Fundació sobre las fincas para la realización de trámites administrativos”. Irregularidades que la juez investigará a partir del lunes y que puede acabar con nuevas imputaciones, en este caso por prevaricación de funcionario público.
La Vanguardia.es
19-06-2010
ASESORAMENT JURIDIC- ALMECIJA – ADVOCATS
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