Competencia multa a un cartel de 47 constructoras por repartirse licitaciones de obras públicas

Las sanciones superan los 47 millones. -Ocasa, Gevora y Hormigones Martínez, multadas con más de cinco millones. -Fomento pagó 14 millones de más por culpa de los pactos ilegales

El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 47 millones de euros a 47 empresas del sector de la construcción por llegar a acuerdos para repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras, sobre todo en proyectos de Fomento.

Las multas oscilan entre un mínimo de 95.000 euros y un máximo de 5,5 millones. Hay tres compañías que superan los cinco millones de sanción. Obras Caminos y Asfaltos (Ocasa) ha sido multada con 5,55 millones; Gevora Construcciones, con 5,3 millones, y Constructora Hormigones Martínez, con 5,055 millones. Entre las grandes constructoras, hay una multa de 276.855 euros para OHL, otra de 1,877 millones para Eiffage Infraestructuras, y otra de 105.960 euros para Vías y Construcciones, filial de ACS.

Según una nota de la CNC, la colusión afectaba fundamentalmente a licitaciones convocadas por el procedimiento restringido. En este tipo de procedimientos, la Administración convoca la licitación y sólo pueden presentar su oferta las empresas que, habiéndolo solicitado, y en atención a su solvencia, establecida de acuerdo con criterios objetivos y justificados, sean seleccionadas por la propia Administración. En estas licitaciones, la Administración marca un presupuesto de referencia y las empresas seleccionadas deben presentar sus ofertas, indicando la baja que sobre ese presupuesto están dispuestas a realizar.

De los hechos acreditados en el expediente resulta que las empresas seleccionadas en estos procedimientos mantenían contactos y se reunían para intercambiarse información sobre las bajas que tenían previstas. A partir de ello, acordaban cuál sería el importe de la baja ganadora así como el del resto de ofertas. Estas bajas (entre 1% y 6%) resultaban mucho menores que las que se observan en condiciones competitivas (entre el 15-30%). De esta forma, la empresa ganadora obtenía un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración pagara un precio mayor. La empresa ganadora compensaba económicamente al resto de competidores en la licitación por presentar sus ofertas modificadas. Algunos de los pagos acordados han sido detectados en las contabilidades de dos de las empresas involucradas en los acuerdos. También se ha obtenido evidencia de los pagarés emitidos entre empresas.

Competencia informa de que en total se han acreditado acuerdos para modificar las ofertas durante los años 2008 y 2009 en catorce licitaciones públicas de conservación, mejora, renovación y rehabilitación de firmes y plataformas convocados en todo el territorio nacional. Una habría sido convocada por Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa, empresa pública de la Junta de Castilla y León) y las trece restantes por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

“La colusión en las licitaciones o ‘bid rigging’ constituye una de las conductas anticompetitivas más graves. En este caso, el mayor precio pagado por la Administración por la ejecución de estas obras tiene un impacto presupuestario que afecta a todos los contribuyentes”, subraya Competencia. “La Dirección de Investigación de la CNC ha constatado que sólo en ocho de las catorce subastas restringidas de rehabilitación de carreteras la conducta ilícita aquí perseguida ha ocasionado un perjuicio al erario público y, en definitiva, a los contribuyentes de más de 14 millones de euros. Esta práctica supone además una distorsión del funcionamiento de los mercados de la obra pública y puede afectar a los precios de referencia que fijan las administraciones en el resto de licitaciones de este tipo de obras de rehabilitación de carreteras”, añade.

Publicado en el Pais .com
24-10-2011