El decreto de desahucios invalida la dación en pago si el crédito está avalado

El decreto de desahucios invalida la dación en pago si el crédito está avalado

Conchi Lafraya

La letra pequeña del real decreto sobre desahucios, publicado el pasado sábado en el BOE, esconde un aspecto relevante en su artículo tres: el avalista se mantiene como garante del préstamo, y si el avalista tiene ingresos o propiedades, el decreto no se aplica.

Según fuentes del sector inmobiliario, el 95% de las hipotecas concedidas en los últimos años cuenta con el aval de una o varias personas. Sólo se podría aplicar en el caso de que la persona que figura como avalista estuviese en las mismas condiciones que el propietario. Esto es: estar en el paro, no contar con ingresos o carecer de derechos patrimoniales.

Ángel Serrano, director general de la consultora Aguirre Newman, considera que ese punto invalidará muchas operaciones, puesto que “la banca casi siempre pedía aval a ese tipo de propietario”. Tampoco encuentra mucho sentido Serrano a que se haya puesto el límite en viviendas de 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes, “ya que el núcleo del problema está en viviendas que rebasan ese umbral de precios”.

El presidente del Colegio de Notarios, José Ignacio Navas, considera que la novedad es “que todo sigue igual”. A su juicio, lo que de verdad habría que hacer es “una ley de insolvencia familiar” porque aunque las familias se pueden declarar en concurso de acreedores, “no suelen acogerse a esa fórmula”.

Navas considera que lo peor es que el Gobierno no se ha atrevido a reformar el problema de las ejecuciones hipotecarias. Es decir, que el banco se puede quedar con la vivienda por porcentajes que van del 50% al 70% del precio de tasación –en función de la ronda de la subasta que se le adjudique– y el deudor se queda sin casa y está obligado a seguir pagando al banco la diferencia.

Con esa realidad, esta gente, dice Navas, “queda condenada a lo que yo denomino muerte civil, puesto que entran en el registro de morosos y no pueden abrir el resto de su vida una cuenta bancaria, firmar un contrato…”.

Según Navas, el Gobierno tenía que haber modificado los umbrales y que la banca se hubiera quedado la vivienda por el 80% del precio de tasación, y no por porcentajes inferiores. “Ya es bastante castigo tener que seguir afrontando el pago de un 20% de la casa que te han quitado”.

Es posible que la banca –pese que se puede adherir al código de forma voluntaria– haya presionado para no variar los porcentajes actuales, según algunas fuentes. Serrano considera que la nueva norma lo que en realidad hace es “retrasar la ejecución hipotecaria en algunos casos determinados de exclusión social, pero en una muestra importante no se van a paralizar las ejecuciones”.

Habrá que ver, añade, de las 300.000 que hay en marcha, “cuántas se pueden paralizar con el decreto”. Tampoco descarta Serrano que esta medida sea un primer paso “para ver cómo se comporta el mercado inmobiliario en ese segmento”. Otra de las novedades es que en la dación en pago se pagará un 50% en la cancelación de la hipoteca tanto en el notario como en el registro. Esa reducción no se ha consensuado con los notarios.

La Vanguardia.com
12-03-2012