Los Ayuntamientos se enfrentan a la inviabilidad económica de sus servicios por la crisis

Facturas de luz por pagar, teatros vacíos, canchas sin utilidad. Los lectores de ‘La Vanguardia’ señalan nuevos equipamientos inviables

Hace hoy exactamente una semana, el lunes pasado, los operarios de Endesa se presentaron en la escuela pública Las Seguidillas de Badia del Vallès (13.700 habitantes) para cortar la luz. El Ayuntamiento acumulaba una deuda de 150.000 euros con la compañía y, tras diversos apercibimientos, decidió enviar a sus brigadas. Lo cierto es que el Ayuntamiento no había podido pagar lo que debía. La Generalitat no había transferido los fondos que periódicamente traspasa al Consistorio y sin los cuales Badia es económicamente inviable. Sin las aportaciones del Govern – la Generalitat debe al municipio 4,4 millones de euros-no podría sobrevivir, sus empleados se quedarían sin cobrar las nóminas y las pizarras electrónicas de sus escuelas se quedarían definitivamente a oscuras, porque carece de cualquier actividad económica sobre la que construir un padrón fiscal del que obtener ingresos. No es un caso único.

Se trata de otra versión de las joyas impagables de las que ya daba cuenta este diario en su edición del domingo pasado. Ayuntamientos cuyos servicios son inviables económicamente y que ahora se enfrentan a un feo panorama y alientan el debate sobre qué futuro deben tener.

En Bellvei no saben qué hacer con su magnífico polideportivo. Un lector puso a La Vanguardia sobre la pista: “Un pueblo de 2.000 habitantes – escribía en su mensaje-donde no existe ningún equipo de formación ni sénior, de balonmano, baloncesto o hockey”. Y aun así, el municipio gastó dos millones de euros (casi medio millón más de lo previsto inicialmente) en la construcción de un polideportivo. Se inauguró en julio del 2006. Ahora, explica el alcalde, Félix Sans, “las instalaciones son totalmente deficitarias. El mantenimiento del polideportivo cuesta entre 600 y 1.000 euros al mes, y eso es mucho dinero para un Ayuntamiento como el nuestro”. Bellvei, con un presupuesto de tres millones (2010), ha confiado al Consell Esportiu del Tarragonès, un consorcio de titularidad pública, que lo alquila a equipos de la comarca, pero para el Ayuntamiento, cuantas más actividades promueve, más caro es mantenerlo. “Es – admite el alcalde-un callejón sin salida”.

Manel, otro lector de La Vanguardia, sugiere otra joya similar: el Centre Espai Escènic de Castellterçol. “Su coste de construcción – escribe-fue de dos millones de euros”. El nuevo alcalde de Castellterçol, Vicenç Sánchez (Alternativa Independentista), admite que el centro es una cruz para las arcas municipales. Los dos millones que pagar entre Generalitat, Diputación y Ayuntamiento aún no se han devuelto en su totalidad, pero además, han aparecido diversas anomalías que han dejado las luces y el suelo inservibles para su propósito. “Es – asegura el alcalde-una auténtica joya”. Sin embargo, asegura que su población no puede renunciar a este equipamiento y que tratará de sacarle partido.

No hay más remedio: acarrear con la cuenta de gastos y tratar de darle la máxima utilidad. Esa es la filosofía del presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Salvador Esteve, que el próximo día 1 renunciará a este cargo tras ser nombrado presidente de la Diputación de Barcelona. Esteve considera que, posiblemente, la única opción que tienen en estos momentos los alcaldes es convencer a los ciudadanos de que el uso de los equipamientos municipales tiene un coste que, en parte o en todo, deben asumir.

Salvador es contrario a la venta o a la recalificación de estos edificios. “Cuando un alcalde construye un equipamiento es porque existe una demanda de la ciudadanía”. Una demanda que responde también a un principio de equidad: “No sólo los vecinos de Barcelona han de poder tener una biblioteca o un polideportivo a la vuelta de la esquina”.

Lo realmente difícil en este caso es lograr fijar un equilibrio entra la equidad y la eficiencia económica y social. Una regla que, en algunos casos, no ha funcionado en los últimos años.

Entre la nacional 340 y las vías del ferrocarril en Torredembarra hay un enorme edificio vacío. Se trata de una teatro. Más exactamente, de las obras de un teatro que posiblemente nunca llegará a ser. Debía subir el telón el invierno pasado, cuando el Ayuntamiento paró las obras. La construcción de este imponente coliseo, con capacidad para casi 500 espectadores, acumulaba retrasos desde que en el 2008 empezaron las obras, y muchas deudas. El coste se había calculado en unos tres millones de euros y, según los estudios del equipo de gobierno municipal (en el que se habían producido varios relevos), había que añadir 1,7 millones de euros más para terminarla. Un año y medio después, la obra sigue tal y como la dejó la empresa constructora en invierno del 2010. El Ayuntamiento solicitó un crédito de cinco millones de euros (parte de los cuales se iba a destinar a finalizar el teatro), pero sólo consiguió un millón de euros. La delicada situación económica obligó a destinar estos recursos a otras actuaciones que tenían prioridad, como la ampliación del cementerio. Las obras no seguirán, aseguran en el municipio, que, por ahora, tampoco tiene prevista la posibilidad de una demolición.

El presidente de la ACM, Salvador Esteve, sale en defensa “de casi todos los alcaldes de Catalunya. En general, todos han hecho bien su trabajo en unas condiciones difíciles”. Esteve admite que en los años de bonanza económica algunos municipios se equivocaron al pensar que “esa situación iba a durar permanentemente.

Pero -advierte- se equivocaron del mismo modo que lo hicieron muchas familias y muchas empresas en este país. Ni más ni menos que ellos”.

Para Salvador Esteve, la falta de un marco financiero estable y razonable para los ayuntamientos explica buena parte de los problemas que describe este reportaje. “Si el Estado no nos obligara a pagarle a él antes que a nuestros proveedores y la Generalitat pagara cuando toca, puntualmente, tal vez estos problemas serían menores”.

Información elaborada por Paloma Arenós (Badia), Sara Sans (Bellvei y Torredembarra), Alba Felip (Castellterçol) y Jaume V. Aroca

La Vanguardia.com
27-09-2011