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Bruselas obliga a España a recuperar ayudas por la alta velocidad

La Comisión considera que los fondos destinados al centro de ensayos de la alta velocidad en Málaga no contribuyen al desarrollo de la región

¿Es de interés común que España tenga trenes que circulan a más de 320 kilómetros por hora? La Comisión Europea ha dado hoy un sonado varapalo a esa inversión: Bruselas obliga a España a recuperar ayudas estatales multimillonarias. La Comisión considera que las ayudas concedidas a la empresa pública ADIF para la construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no apoyan “un objetivo de interés común”: no contribuyen a promover un desarrollo sostenible. El Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF) de Málaga es un circuito ferroviario en el que los trenes pueden circular a más de 500 km/h, y que ha contado con una inversión de 358,6 millones de euros. La investigación de la Comisión revela que España ya pagó a ADIF 140 millones a partir de 2011, antes de que la Comisión adoptara su decisión e infringiendo las reglas europeas.MÁS INFORMACIÓN

Ese proyecto “no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales”, según la Comisión. No hay ningún interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas velocidades, que no son comercialmente viables, indica Bruselas. El AVE español lleva en el punto de mira mucho tiempo, por las dudas sobre la viabilidad económica de una infraestructura que requiere una inversión multimillonaria.

La Comisión considera que ya hay centros de ensayo en la UE para las velocidades comercialmente viables (de 320 a 350 kilómetros por hora) y que ya se realizan ensayos en redes ferroviarias comerciales. “El CEATF no haría sino duplicar esas infraestructuras existentes”, según Competencia, que además apunta que ese proyecto no contribuye al objetivo de promover el desarrollo sostenible de Andalucía. “Solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales en el sector de la construcción durante la construcción de la infraestructura. El coste público habría sido desproporcionadamente alto y España no consiguió demostrar que las ventajas del proyecto compensaran los costes de construcción y las pérdidas de explotación”, apunta la decisión. Ningún inversor privado ha manifestado interés por participar en la financiación del proyecto, notificado a Bruselas en otoño de 2013.

El País.com
25-07-2016

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