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Patronal y sindicatos aceleran la negociación para evitar las reformas del PP

Rajoy les dará un mes para que lleguen a acuerdos concretos en negociación colectiva

Mar Díaz-Varela

Patronal y sindicatos pedirán hoy al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que respete el diálogo social. Para convencerle, han acelerado las negociaciones que tienen en marcha para demostrar que son capaces de cerrar acuerdos concretos. La CEOE, UGT y CC.OO. han cerrado filas para evitar que el nuevo gobierno imponga una reforma por decreto.

El futuro presidente del Gobierno tiene entre sus prioridades la reforma laboral, junto a la reforma del sistema financiero y el control del gasto público. Su objetivo es poner en marcha los cambios legislativos de forma inminente para que estén a pleno rendimiento antes de junio. Este calendario supone que no hay tiempo para el complejo y tradicional ceremonial de la concertación social.

Sin embargo, un amplio sector del PP considera que es importante mantener este diálogo para “cargarse de razón” y demostrar que “se han agotado todos los márgenes de la negociación”, según fuentes del PP. En consecuencia, Mariano Rajoy está dispuesto a conceder a los agentes sociales un margen de diálogo. No obstante, será mínimo. Las citadas fuentes hablan en torno a un mes. Además, será sobre unos temas muy concretos para evitar que los negociadores se pierdan por las ramas como sucedió durante los dos últimos años.

El diagnóstico realizado por el equipo económico deja muy claro que el problema del mercado laboral está en la rigidez de la negociación colectiva. Es decir, la solución está en dar más flexibilidad a las empresas para que se adapten al ciclo económico. Esto supone cambiar la negociación colectiva y centralizarla en el ámbito estatal y facilitar los acuerdos de empresa. Y esto implica eliminar los convenios provinciales y de un plumazo los intereses creados en torno a las negociaciones de estos convenios.

Además se pretende facilitar las cláusulas de descuelgue de convenios para las empresas con problemas y, sobre todo, la movilidad funcional dentro de la empresa y geográfica. Así como facilitar la adaptación de horarios.

Todos estos cambios ya se incluyen en la reforma realizada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero se decidió que sólo se hicieran de forma consensuada, lo que en la práctica supone que no se hacen y al final se traducen en destrucción de empleo.

Otro elemento fundamental de los cambios que propone el PP es facilitar la contratación. Se trata de eliminar la maraña de contratos (37 tipos distintos) y simplificarlos para favorecer la contratación fija. El equipo económico tiene serias dudas de que el contrato único, que estuvo a punto de implantar Rodríguez Zapatero, se adapte al modelo productivo español. Sin embargo, considera que hay que seguir avanzando en eliminar la dualidad del mercado laboral.

En este sentido, el programa del PP proponía incrementar las ayudas a las pymes y autónomos que creen empleo con reducción de cotizaciones. Sin embargo, la discrepancia dentro del PP es menor en otros temas que han recomendado los expertos, como es la reducción del periodo de cobro del seguro de paro para incentivar la búsqueda de empleo.

El objetivo de estos cambios es reducir los costes laborales y facilitar la mejora de la productividad por una vía distinta a la destrucción de empleo, como ha sucedido durante estos cuatro años de crisis, que se han cobrado 2,5 millones de empleos netos.

En la práctica, esto supone abordar la renovación del Acuerdo Interconfederal de la Negociación Colectiva desde otra perspectiva como es una reducción salarial en el sector privado como la que se ha producido en el sector público, tal como explicó ayer el director del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina. Esta propuesta ha sido todo un reto para la patronal CEOE, que había pactado con los sindicatos una subida del 2,5% en el tercer año de vigencia. “El acuerdo se hizo con un entorno económico que no se ha producido y es necesario adaptarlo a la realidad”.

Los agentes sociales son conscientes de que tienen que aprovechar la oportunidad que les brinda el nuevo gobierno y llegar a acuerdos para evitar que, apoyado en su mayoría absoluta, haga las reformas por decreto, como se vio obligado a hacer Rodríguez Zapatero.

Por esta razón, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha pedido una oportunidad para hacer públicos los acuerdos a los que se ha ido llegando en las negociaciones que mantienen desde hace meses. “Que con un decreto ley se cambie toda la negociación colectiva es no tener absolutamente ni idea de cómo funciona la negociación colectiva en este país”, afirmó Rosell. Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, plantearán a Rajoy la necesidad de mantener el diálogo social porque las reformas pactadas son más eficaces.

Pero su margen de maniobra es muy reducido. Por eso el presidente de la CEOE les ha propuesto hacer públicos de forma inmediata los puntos de acuerdo que se han ido logrando. “Nos lo hemos dicho todo, sabemos perfectamente cómo piensa cada uno. Lo que tenemos que hacer es explicar los puntos en los que estamos de acuerdo y demostrar que el diálogo social es eficaz para hacer reformas”, dice Rosell.

Déficit de 40.000 millones hasta octubre

El desequilibrio entre los ingresos y gastos del Estado alcanzó los 40.065 millones de euros hasta octubre, un 3,7% del producto interior bruto (PIB), según explicó ayer el Gobierno. Estas cifras suponen un descenso del 17% en el déficit respecto al del mismo periodo del 2010 y permiten avanzar que previsiblemente se cumplirán los objetivos de consolidación fiscal acordados con Bruselas, al menos en lo que se refiere al Estado. En cambio, hay muchas más dudas sobre el cumplimiento de los ajustes en las administraciones autonómicas (1,3%) y locales (0,4%), lo que pone en peligro que el déficit de España caiga al 6% del PIB.

La reducción del déficit del Estado se ha conseguido hasta la fecha por dos vías. En primer lugar, con una reducción del 18,2% en el conjunto de los gastos. Por otra parte, el Gobierno ha logrado mejorar un 1,4% los ingresos, ayudado por los mayores ingresos procedentes del IVA (que en el 2011 ya ha estado todo el año en el 18% en el tipo general frente al 2010, cuando se subió en julio) y al cambio normativo en el impuesto de sociedades.

Aquí, el decreto ley de agosto pasado adelantando los pagos a cuenta de las grandes empresas ha sido decisivo para incrementar en 1.800 millones la recaudación. Quedan aún dos meses para lograr llegar a los 2.500 millones previstos. Pese al impacto de esta modificación, la recaudación por Sociedades disminuyó un 5,2% hasta octubre.

A efectos del cálculo del déficit es importante tener en cuenta también el cumplimiento del objetivo de la Seguridad Social. Su superávit hasta octubre es de sólo 5.610 millones, un 44% menos que el año pasado. Lo previsto es que aporte un saldo positivo del 0,4% del PIB y de momento el superávit está situado en el 0,52%.

La Vanguardia.com
30-11-2011

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