Sant Andreu lucha por un casco antiguo intacto

Rehabilitar las cuatro zonas afectadas implica el derribo total o parcial de 137 viviendas y 60 familias sin hogar. Las instalaciones que promueve el plan están consideradas fuera de juego por los vecinos y el coste de la construcción ya es tarjeta roja: 21 millones de euros. “Son unas instalaciones que nadie ha pedido”, apostilla el presidente de la Asociación de vecinos, Genís Pascual.

Durante varios meses, para mostrar su descontento, los vecinos han realizado una recogida de firmas a través de la web Salvem el cac antic y alegaciones mediante convocatorias públicas. El pasado martes casi un centenar de vecinos se concentró en la plaza Orfila. El objetivo era entregar al concejal del distrito, Raimond Blasi, las urnas con 5.379 alegaciones y casi 2.000 firmas. Raimond Blasi se comprometió a responder las alegaciones de forma centralizada y en audiencia pública. Los representantes de la asociación de vecinos, a su salida del Ayuntamiento, fueron ovacionados por el casi centenar de asistentes que clamaban al unísono el lema “salvem el casc antic”. En cambio, Blasi no corrió la misma suerte. El concejal fue silbado y abucheado con gritos de “fuera del pueblo” y “botifler”.

Los vecinos las rechazan. Las principales afectadas son 137 viviendas, lo que equivale a 60 familias perjudicadas. En el caso de que se llegue a llevar a cabo, éstas serían expropiadas de sus viviendas.

Las calles que padecerían estas modificaciones son, entre otras, Jorba, Virgili o Gran de Sant Andreu. Elvira Moreno, vecina de la calle Jorba, no acaba de asimilar la situación. En enero le dieron la mala noticia. “Llevo 26 años aquí y siempre han habido amenazas pero no tan serias como las de ahora”, asegura Elvira. “Pasqual Maragall dijo en su momento, en el 92, que no se tocarían estas viviendas. Pero ahora, con el cambio de gobierno, ya no sirven las palabras del ex president”. Estas palabras son las que les dicen a los vecinos que se quejan de la nueva decisión que incluye el Plan. Además, en el caso de que llegue a haber expropiación, comenta Elvira que no sabe si la indemnizarán ni si la realojarán.

Por su parte, otra vecina de Jorba, Natividad Gaitán, sí que sabe el valor de su casa: 3.000 euros. Lo que costará la zona verde que habría en su hogar. Pero la ambigüedad del plan, tal y como explica Natividad, es extrema. “El plan explicita que a las personas de más de 65 años, consideradas ancianas, no las expropiarán”. He aquí el dilema. ¿Qué pasa si en el primero hay una parcela que se debe expropiar y en el segundo reside una anciana? Éste es el conflicto de Pilar de Blas, que tacha de absurdo el plan. Si sigue adelante, lo más viable sería contratar abogados, pero “no tenemos dinero para pagarlos”, explica Elvira.

El PGM prevé expropiar en 10 años muchas de estas parcelas. El proyecto, según la carta destinada al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, obligará a ceder parte de casa a las familias afectadas y a pagarse, cada uno, su propia reconstrucción.

La pretensión de los vecinos es la desafectación total del Casco Antiguo para poder reformar las casas centenarias que llevan más de medio siglo condenadas por la afectación urbanística careciendo de permisos de rehabilitación y mantenimiento. Entre esas viviendas está la de Natividad, que alquilaba desde el franquismo hasta que se decidió a pagarla en 2010. No entiende cómo el Ayuntamiento les deja comprarla incluso estando afectada pero no les permite hacer ninguna reforma.

Un vecino del distrito, Iván Altimira, aseguró que el concejal está “obligado a estudiar las propuestas de la Asociación”. Añadió que estas constantes convocatorias son prueba del “sentimiento popular del distrito, que quiere preservar su fisionomía y filosofía”.

El Ayuntamiento ha enviado una carta a los vecinos afectados para reunirlos el 8 de marzo e informarlos detalladamente de cómo está la situación. La asociación de vecinos de Sant Andreu ha convocado una nueva manifestación el sábado 17 de marzo a las 12.00 en la plaza Orfila. Desde la organización tienen previsto recoger las firmas y alegaciones hasta el próximo 20 de marzo.

El Mundo.es Barcelona
05-03-2012