El recorte a la energía solar arruina a miles de pequeños inversores

Son los pequeños ahorradores que apostaron por la energía fotovoltaica en España. Creyeron en una inversión avalada por la administración central -que beneficiaba también al medio ambiente- y ahora están arruinados. La Vanguardia explicó la situación de este colectivo el pasado verano y ahora se acordado de ellos también The New York Times, en un reportaje donde se considera como un escándalo mundial que el gobierno español recorte las ayudas a la energía solar con efecto retroactivo. 

Placas

Son las víctimas de una errática política de los sucesivos gobiernos españoles, que apretaron el acelerador de la energía solar, pero luego han dejado a miles de personas en la cuneta.

Historias en primera persona

Angel Miralda, un ingeniero industrial de Sant Quirze del Vallès (65 años), se sentía orgulloso por haber sido unos de los siete promotores de la planta fotovoltaica de Benabarre (Huesca). Con su aportación añadió 50 kW al proyecto y veía plasmada su aspiración de contribuir a la generación de energía limpia en un país dependiente de las importaciones de petróleo y gas.

Su inversión fue de 500.000 euros, una cantidad que obtuvo de la indemnización de su prejubilación en IBM tras 35 años de trabajo (150.000 euros) y de un crédito bancario. Todo indicaba que era una inversión interesante. La venta de la electricidad a la red le permitía ingresar unos 50.000 euros al año en el 2008. La previsión inicial era amortizar la inversión en 12 años, y tener beneficios netos a partir de ese momento. Pero eso no será posible.

Tras las sucesivas reducciones de la retribución aprobada por el Gobierno (primas), la facturación se ha recortado un 40% y se ha quedado en 30.000 euros anuales. Lo que ingresa es mucho menos de lo que debe devolver al banco (3.000 euros al mes, más los gastos de alquiler del terreno, IBI…). Miralda admite sin tapujos que su situación ahora es desesperada. El crédito bancario tenía como aval su vivienda, y si no lo devuelve, se expone a tener que entregar su casa al banco.

Situación desesperada

Renegociar el crédito y retrasar el pago es la única solución. Miralda representa a unos 35.000 pequeños inversionistas que, atraídos por la decidida apuesta de la Administración a favor de las energías renovables, aportaron sus ahorros convencidos de que tenían cubiertas las espaldas con la promesa publicada en el BOE. “Hicimos los cálculos de inversión en función de la retribución que se nos garantizaba; y si te cambian las reglas de juego en mitad del partido, eso significa que en este país no hay seguridad jurídica”, dice.

Miralda ha sido víctima de una errática política de los sucesivos gobiernos españoles, que apretaron el acelerador de la energía solar (con una generosa retribución incluida en el recibo de la luz), pero luego, bruscamente, echaron el freno cuando el engranaje estaba en marcha y España ya se había erigido en una potencia mundial de referencia.

El motor, las ayudas económicas

En el 2007, en España había sólo 690 MW fotovoltaicos y gracias a las primas se crearon casi 3.000 MW sólo en el 2008. Las ayudas se convirtieron en el motor de una potente industria verde, que creció aupada por un mercado que remuneraba muy bien la electricidad de origen solar. Sin embargo, esa política sobrecargó los costos del sistema eléctrico lo que, unido a un descenso de la demanda de electricidad, disparó el déficit tarifario (deuda que reconoce a las eléctricas por una larga lista de costes no repercutidos en el recibo de la luz).

Y para combatir los números rojos, se dio un volantazo con un drástico recorte de las primas. El resultado es que aquel círculo virtuoso se vino abajo como un castillo de naipes.

La ilusión para promover energía limpia también se truncó para una docena de familias de Linyola (Pla d’Urgell), que invirtieron cinco millones de euros en una planta fotovoltaica con el fin de complementar sus rentas agrarias. Ramon Salvia (46 años), ingeniero técnico agrícola, destinó 400.000 euros, y ahora, tras los recortes de las primas, no puede devolver el crédito. En el 2008, facturaba 50.000 euros al año, pero en el 2012 ya se redujo a unos 38.000 euros; “y en el 2013 el recorte puede ser de hasta el 50% o el 60%”, se queja.

El gobierno no cumple la palabra

“Tú tomas las decisiones y asumes riesgos confiando en que el Gobierno cumplirá su palabra, y no es así. Un ajuste tan radical como el que tenemos es como un robo”, dice. “La incertidumbre personal y familiar cada vez es mayor, ya que no sabemos si nos recortaran el 40%, el 50% o el 60%… Eso impide cualquier tipo de planificación y crea un malestar permanente”.

Ramon Salvia se muestra sin embargo esperanzado puesto que el clamor contra la patronal eléctrica UNESA cada vez es mayor. “Unesa y el gobierno han llegado tan lejos con sus reformas y parches que cada vez lo tendremos mejor en los tribunales: cada pocos días España se encuentra con nuevas demandas de arbitraje por parte de inversores extranjeros en renovables, que se sienten estafados como nosotros”. Añade que “la Comisión Europea va tomando conciencia de que en Europa no es posible una retroactividad tan lesiva para inversores y familias como la que aplica España”.

Una situación a punto de explotar

“Estamos en una habitación con gas y rezando para que no salte una chispa”, dice Pere Guerra, delegado en Catalunya de la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anper), que defiende a los afectados. “Miles de pequeños inversiones no pueden afrontar sus compromisos, pero lo más grave es que en muchos casos se trata de pensionistas que han puesto los ahorros de su vida”, dice Guerra, que contabiliza hasta cinco recortes retroactivos de la retribución en cinco años.

Además, los cambios zigzagueantes de normativa dificultan aún más la refinanciación de los créditos. “Estos productores avalaron los préstamos con su casa, y si no pagan al banco, pueden perder su casa”, alerta Guerra. El Gobierno les ha prometido una “rentabilidad razonable” (el equivalente a la retribución del 7,5%), pero tras meses acumulando retrasos todavía no se conocen los detalles sobre la supuesta “rentabilidad razonable”. “Lo peor en todo esto es la incertidumbre, ya que los productores fotovoltaicos llevamos años sin poder hacer una planificación familiar seria debido a que no sabemos si el gobierno va a pagar o no”.

Recorte discutido

El Gobierno argumenta que recorta las primas a las renovables (y las suprime para las nuevas instalaciones) para reducir el déficit tarifario. Sin embargo, la Asociación de Promotores de Energías Renovables-APPA, destaca que lo relevante es que España sigue dependiendo energéticamente del exterior y de elevados costes del gas y de petróleo en aumento. Además -dice-, existe un parque eléctrico sobredimensionado e infrautilizado (con un 90% de las térmicas de ciclo combinado paradas, y que igualmente hay que pagarlas).

El recibo de la luz también se hincha porque “la falta de competencia provoca un exceso de retribución de la nuclear y la gran hidráulica, como ha denunciado la UE”. Numerosos conceptos recargan el recibo de la luz (extracostes de la electricidad a las islas, bono social o bonificaciones a las grandes industrias intensivas de energía), cuando deberían ir a cargo de los presupuestos, dice APPA.

“Está ya demostrado que la fotovoltaica no ha causado el déficit de tarifa, y que este déficit viene de las sobrerretribuciones de hidráulica y nuclear, la interrumpibilidad, pagos al carbón… Es significativo que una gran mayoría de diputados del Congreso se hayan negado a auditar una supuesta deuda de 26.000 millones de euros. ¿A qué tienen miedo?”. se pregunta Ramon Salvia.