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El desempleo obliga a revisar las pensiones

La disminución de cotizantes fuerza a replantear una reforma establecida con un escenario más favorable

 

Mar Díaz – Varela  Madrid

En economía, igual que en las películas del Oeste, lo que mata no es la bala, sino la velocidad que lleva. La ratio que mide la sostenibilidad del sistema público de pensiones es la relación entre cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista. Esta relación se situaba en el mes de noviembre en 2,4, descendió al 2,1 en diciembre y aún no se ha cuantificado el impacto de la fuerte caída de cotizantes en enero (283.684).

Todos los expertos coinciden en que la gravedad de la coyuntura económica obligará a adelantar el calendario de la reforma pactada por el gobierno socialista con los agentes sociales hace un año. El gasto en pensiones representaba el 9% del PIB y la reforma se hizo porque las proyecciones demográficas indicaban que se dispararía al 16% en el 2050. El problema es que la reforma no se pondrá en marcha hasta el 2013 y sus efectos se empezarán a notar paulatinamente siete años después. Es decir, aún no se ha hecho nada y con la ayuda de la crisis el gasto en pensiones se ha elevado al 12,3% del PIB.

La comisión de expertos impulsada por Unespa, y de la que forman parte Juan Manuel Eguiagaray, José María Fidalgo, José Luis Leal y José Antonio Herce, advirtió en junio que tal como había quedado la reforma sería necesario darle una segunda vuelta de tuerca y acortar los plazos para su entrada en vigor. La coyuntura ha acelerado esta situación, explica Juan Manuel Eguiagaray. “Lo que ya sabíamos que había que hacer ahora hay que afrontarlo con más premura y adelantar las fechas”.

Como explica Sergi Jiménez, profesor de la Universitat Pompeu Fabra y miembro del grupo de expertos de Aviva, la reforma se hizo para anticiparse a unos problemas que iban a estallar en el 2020, pero el deterioro del mercado laboral es tan fuerte que este escenario se ha adelantado ocho años. “El futuro está aquí y no nos permite medidas para compensar el ajuste”. En su opinión, de confirmarse el fuerte deterioro de la relación cotizantes y pensionistas, estamos en una situación de “emergencia”.

Tal como explica, el gasto en pensiones crece a un ritmo de 5.000 millones cada año. En el supuesto más optimista de que el empleo en lugar de seguir destruyéndose empezara a crecer a un ritmo del 1,5% se necesitarían varios años para compensar el fuerte descenso de cotizantes que ha provocado la crisis, y eso sin contar que el número de pensionistas sigue creciendo.

Por esta razón, afirma que debería acelerarse la transformación del sistema en uno más contributivo. Como explica Juan José Dolado, profesor de la Uc3m y miembro del grupo de expertos de Aviva, “más vale prevenir que lamentar, y el famoso factor de ajuste a la sueca tiene que empezar a operar”.

El problema es que la Seguridad Social cerró el 2011 con un déficit de 668 millones, lo que supone el 0,06% del PIB. Como explica Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo con el PP, lo más grave es que cuando la Seguridad Social entra en déficit, este se deteriora con una rapidez que es impresionante.

Desde que se inició la crisis en julio del 2007 se han perdido 2,6 millones de cotizantes. La gran recesión, que dura ya cuatro años, se ha cobrado más de dos millones de empleos netos y más de 200.000 empresas, como recordó esta semana el presidente de la CEOE, Juan Rosell.

La reforma aprobada por el gobierno socialista debía ponerse en marcha en el 2013 y entraría plenamente en vigor en el 2027. Las claves del ajuste pactado eran aumentar paulatinamente de 15 a 25 años la edad de cotización con el objetivo de reducir las prestaciones un 10% cuando la medida estuviera completamente en vigor en el 2022. El segundo elemento fundamental era incrementar progresivamente la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, lo que permitiría un recorte adicional de las prestaciones del 12% cuando la medida fuera totalmente efectiva en el 2027.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha reconocido la delicada situación en que se encuentra el sistema público de pensiones. En su primera comparecencia parlamentaria anunció que habrá que utilizar toda la vida laboral para calcular las futuras pensiones. Esto significa replantear la gradualidad con que se pactó la reforma de pensiones hace un año. El problema es que afirmó que todos los cambios se harán negociados en el marco del pacto de Toledo, una negociación que hasta el PSOE quiso eliminar porque sólo demora las decisiones.

El secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha recordado que la situación es complicada, pero el Estado debe a la Seguridad Social 4.000 millones por complementos de mínimos. En su opinión hay que “desdramatizar” el uso del fondo de reserva. La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, advirtió que habría que utilizarlo en el 2012 o el 2013 si no se adoptaban medidas. Son 64.000 millones de euros que se han acumulado para compensar las “puntas de tesorería” y están invertidos en deuda pública española. El problema es que sólo representan ocho meses para pagar la nómina completa de las pensiones. El sistema debería estar aún dos meses en déficit, lo que no ha pasado.

La Vanguardia.com
20-02-2012

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