De Gispert ve en la suspensión del TC la prueba de que “el Estado nos pondrá la proa” con la consulta

La presidenta del Parlament constata que “con la anulación, el TC ha querido ir más allá” pero señala que la jurisprudencia avala la declaración, que “sigue vigente”

“Con la anulación, el Tribunal constitucional (TC) ha querido ir más allá”, de manera que quiere enviar un mensaje de que con “cualquier paso encaminado hacia la posibilidad de hacer una consulta, el Estado nos pondrá la proa”. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha lamentado la decisión del Alto Tribunal con respecto a la declaración soberanista y ha defendido su constitucionalidad. Aunque la dirigente ha reconocido que no se esperaba la admisión a trámite, tampoco le ha sorprendido la decisión conocida este miércoles puestos que “estamos acostumbrados a que el TC nos dé este tipo de sorpresas””.                                                                                                                                          Nuria de Gispert

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En declaraciones a TV3, la presidenta ha señalado que la declaración no “contraviene ningún artículo de la Constitución” ni plantea la independencia o el Estado propio. De hecho, ha alegado que la Cámara Catalana ha aprobado una decena de declaraciones semejantes desde los años 80 y no ha puesto impedimentos “porque son declaraciones políticas” y por tanto “entran dentro de las acciones del curso político del Parlament,
Tras la admisión a trámite por parte del TC de la impugnación presentada por el Gobierno a la declaración de soberanía del Parlament del pasado 23 de enero, los servicios jurídicos de la Cámara ya preparan las alegaciones pertinentes a remitir al Alto Tribunal para frenar la anulación definitiva de la moción. De hecho, tal y como ha asegurado la presidenta de la Cámara Catalana, Núria de Gispert, los abogados del Parlament llevan un mes trabajando en ellas, conscientes de que el TC podía tomar la vía que finalmente ha adoptado.

Las alegaciones, que deberán presentar antes de 20 días estarán basadas en un criterio evidente que pretende hacer ver que la declaración aprobada es de carácter político y no jurídico o normativo y que por tanto no tiene consecuencias para el estatus actual. Además, las alegaciones se fijarán en la jurisprudencia del propio TC, puesto que existen sentencias del propio tribunal diciendo que este tipo de declaraciones son de impulso político y no de carácter normativo. “Iremos por esta vía”, ha reconocido De Gispert.

De Gispert aboga por esperar y confiar en “la objetividad y la técnica jurídica del TC”, que siempre ha considerado que este tipo de declaraciones no tiene los efectos jurídicos que plantea la Abogacía del Estado. “No veo que sea inconstitucional porque incluso la declaración dice que utilizaremos todas las vías que estén a nuestro alcance”, ha querido justificar, de forma que “es una declaración política resultado de la expresión democrática”, ha reiterado.

La dirigente parlamentaria también ha lamentado las intenciones del Ejecutivo central de impugnar también cualquier movimiento desde Catalunya por avanzar en la construcción del derecho a decidir, llevando también al TC la constitución de la comisión de estudio o del Consell de la Transició Nacional. De Gispert se ha mostrado indignada: “Es una comisión de estudio y hemos creado muchísimas”, pero “llegará un momento que no podremos crear comisiones, ni asesorarnos…”. Por tanto cree que “se está exagerando”.

La declaración sigue vigente

Pero frente a esta percepción exagerada del proceder del Estado, De Gispert asegura que “el pueblo de Catalunya quiere hacer algo muy importante, que es decidir su futuro” y garantiza que “el Parlament seguirá su curso”, porque “tenemos razones jurídicas para defendernos de esta impugnación”, ha insistido. Por eso, para la dirigente ha señalado que la declaración sigue vigente en el sentido de que es una declaración política y “porque es un texto sin efectos jurídicos y sólo expresa una posición política fruto de la voluntad mayoritaria de los diputados”.

La Junta de Portavoces lo deja en manos de los servicios jurídicos del Parlament

La Junta de Portavoces ha dejado en manos de los servicios jurídicos del Parlament la respuesta a la suspensión de la declaración de soberanía, tal y como ha explicado la presidenta de la Cámara posteriormente en rueda de prensa, tras la reunión de junta y mesa. Ha sido una opinión mayoritaria pero no unánime, ya que PSC, PPC y Ciutadans ven lógica la providencia del TC.

Publicado en La Vanguardia,com
09-05-2013

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