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La dirección solicita a Justícia que avale cada decisión del centro | Un alud de demandas convierten el hospital en “inviable e ingobernable” | Una posible sanción de la Seguridad Social llevaría al centro a la insolvencia
Fachada del nuevo hospital de Sant Pau David Airob
 Ana Macpherson, Barcelona
El hospital de Sant Pau se pone en manos de Justícia. El presidente de la fundación gestora del hospital, Xavier Pomés, comunicó el lunes al Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia -el organismo del que dependen todas las fundaciones, como la del hospital de Sant Pau- su solicitud de que a partir de ahora actúen jurídicamente en el centro sanitario. De forma temporal, pero sin fecha final.
Así lo comunicó el doctor Pomés a los 200 cargos del hospital ayer por la tarde. Esa decisión supone entregar la autonomía de gestión. A partir de este momento, cada decisión que se tome en el hospital deberá estar avalada y fiscalizada por el protectorado, así como por la dirección general de Dret i d’Entitats Jurídiques. Esta intervención va mucho más allá de la vigilancia económica que decidió hacer el Departament de Salut hace un año ante el incumplimiento de los presupuestos del centro. La petición a Justícia ha sido discutida previamente con los departamentos de Salut y Economia i Finances, así como con secretaría de Presidència.
Los motivos de esta intervención temporal del hospital -propiedad de la Generalitat, del arzobispado de Barcelona y del Ayuntamiento, pero regido por otra fundación de gestión dirigida por un patronato en el que hay mayoría de la Generalitat- residen en parte en ese galimatías de definición de la entidad. Ese ha sido el caballo de batalla de los empleados y el desencadenante de la parálisis actual. Según anunció Pomés a los doscientos mandos, el hospital está a punto de la más absoluta inviabilidad económica y resulta imposible de gobernar.
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[ ] El presidente del PP de Barcelona insta al Ayuntamiento y al Govern a liquidar las empresas públicas del Consell Comarcal del Barcelonès.
Barcelona. (EUROPA PRESS).-
El presidente del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha instado al Gobierno municipal y al Govern a liquidar las empresas públicas del Consell Comarcal del Barcelonès con una “intervención” previa a la disolución de esta administración, para que en Barcelona las viviendas públicas vacías y pendientes de construir y los aparcamientos públicos paralizados sean una realidad.
Ha cifrado que la empresa Regesa, que depende del Consell, tiene 261 viviendas públicas vacías -188 en Torre Baró y 73 en Sant Andreu- y 405 pendientes de finalizar, así como aparcamientos sin empezar en los distritos de Sant Martí y Horta-Guinardó, mientras que ha recordado que sus funciones ya las asumen Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) -en aparcamientos- y el Patronato Municipal de Vivienda.
Ha valorado que el Ayuntamiento no puede esperar más para gestionar estos recursos y ha señalado la necesidad de crear una ley que prevea la liquidación del Consell Comarcal -ha propuesto en 2015, coincidiendo con las elecciones municipales- y la supresión de sus empresas en diciembre de 2013 o de 2014 “como muy tarde”.
Fernández Díaz ha afirmado que se debe negociar como quedaría la deuda que acumula la administración y ha previsto que se debería repartir entre la Generalitat, el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
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[ ] La plataforma presenta cientos de escritos para paralizar judicialmente los procesos de desahucio
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha iniciado este martes una campaña para pedir la anulación de todos los procesos hipotecarios en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera que infringen la normativa europea, con la presentación de centenares de escritos en los juzgados de toda España.
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Ada Colau se abraza con un afectado ante los juzgados de Barcelona. RICARD CUGAT
La PAH pide hoy a los jueces la anulación de cientos de desahucios
La portavoz de la PAH, Ada Colau, ha explicado tras presentar 22 escritos en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, que “la plataforma está haciendo lo que debería haber hecho el Gobierno, paralizar procedimientos ilegales que vulneran los derechos fundamentales” tras la sentencia europea.
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[ ] El hospital opera a pacientes privados en cirugía vascular La demora para la operación de varices en la sanidad pública en este centro es de 8,4 meses
El hospital de Sant Pau ha abierto una nueva vía que permite a los pacientes ser operados, previo pago, sin tener en cuenta las largas listas de espera de la sanidad pública catalana. El centro sanitario, admiten sus responsables, ha operado a dos pacientes de cirugía vascular —cuya dolencia más común son las varices— que no han tenido que esperar los 8,4 meses que el pasado 31 de diciembre acumulaba esta especialidad.
Con esta vía el hospital explora “nuevas fórmulas de financiación” en tiempos de recortes, explica un portavoz, que insiste en que el centro igualmente “cumple con la actividad pública contratada por el Departamento de Salud”. La Generalitat financió la actividad asistencial de Sant Pau con 309,5 millones de euros en 2012, un 6% menos que los 329,5 millones de 2010. En este tiempo la lista de espera en cirugía vascular ha pasado de 4,1 meses a 8,4.
El hospital lleva trabajando al menos desde 2009 con la idea de tener una doble vía de acceso, pública y privada, a sus quirófanos. En esto sigue la estela del Hospital Clínic, que a través de su filial Barnaclínic también opera a pacientes previo pago.
Según un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas, Sant Pau contrató a la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) cuatro estudios en las dos primeras semanas del mes de marzo de 2009 para explorar y definir la asistencia privada. El primero de ellos —Evaluación de las opciones legales para realizar actividad asistencial a pacientes privados— costó 21.288 euros y llevó a la consultora dos semanas de trabajo.
Sant Pau encargó siete trabajos a PWC por 420.00 euros en un año
Pancartas en la puerta del hospital de Sant Pau, el pasado martes. / aitor saéz
El segundo trabajo de PWC —Análisis interno y externo de la prestación de servicios sanitarios a pacientes privados para conocer las fortalezas, oportunidades y limitaciones— tuvo un coste de 67.048 euros y llevó a PWC cinco semanas de trabajo. El tercero —Definir el modelo asistencial i operativo de la prestación de servicios a pacientes privados— tuvo un coste de 70.992 euros y tomó 12 semanas de trabajo, mientras el cuarto —Definir el modelo económico-financiero y elaborar un plan de acción a alto nivel para al prestación de servicios de atención asistencial a pacientes privados— costó 59.160 euros y tardó cuatro semanas en llevarse a cabo.
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[ ] El nuevo máximo se debe a los cambios en la metodología para establecer el precio de venta al público de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados
Madrid (EFECOM).- La bombona de butano, que usan unos 8 millones de hogares, costará a partir de mañana un máximo de 17,13 euros, lo que supone un aumento del 5 % respecto al precio actual (16,32 euros), según informaron hoy a Efe fuentes del Ministerio de Industria.
El nuevo máximo se debe a los cambios introducidos por el Gobierno en la metodología para establecer el precio de venta al público de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados, que pasa a revisarse cada dos meses.
Tras la aplicación de la nueva fórmula, el precio máximo de venta antes de impuestos del gas butano será de 1,117731 euros por kilo, según la orden que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece que las revisiones no podrán ser de más del 5 % y que los posibles desajustes se cargarán en las revisiones siguientes.
Así, la nueva orden ministerial fija en 0,188422 euros por kilo el desajuste correspondiente al primer bimestre del año.
Dado que la bombona tradicional pesa 12,5 kilos, su precio máximo antes de impuestos se sitúa en 13,971 euros, cantidad a la que hay que aplicar un IVA del 21 % y sumar el impuesto “verde” que desde enero grava el butano para paliar el déficit de tarifa eléctrica.
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[ ] La reforma del edificio cambiará totalmente la imagen del establecimiento, dedicado a la cocina casera
 Meritxell M. Pauné El bar de La Lira pronto pasará a la historia, o al menos su aspecto actual. La Societat Coral La Lira, en el casco antiguo de Sant Andreu, logró este 2012 una subvención municipal de 1,6 millones de euros para rehabilitar su sede, que ejerce de centro cultural para el barrio. Esta reforma, muy necesaria arquitectónicamente y que la entidad afronta con gran ilusión, conllevará la redefinición del establecimiento situado en sus bajos. El inicio de obras está previsto para el mes de abril, después de Semana Santa. 
Así pues, a los muchos vecinos asiduos al local les quedan todavía unos días para retener en la memoria la barra, las mesas y los arcos que dividen la sala, con capacidad para 60 personas. El bar se hizo un hueco en la vida social de Sant Andreu, en especial las noches de fin de semana, gracias a su oferta de comida casera y bocadillos creativos asequibles.
El bar de la entidad cultural La Lira de Sant Andreu canviará totalmente de aspecto tras la reforma del edificio Pau Vinyes i Roig
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[ ] Ahir a la tarda es va celebrar el Consell Plenari del districte de Sant Andreu.
Portem ja gairebé dos anys de legislatura i seguim sense acció de govern. Aquesta vegada el Regidor presentava tres Mesures: la primera, relativa a l’ampliació dels programes socials del pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver, era un engany absolut. El que ens volien vendre com una ampliació d’un any de les polítiques socials en els dos barris en realitat amagava que el pressupost del 2013 es dividirà entre el 2013 i el 2014, mateixos diners totals dividits en dos anys enlloc d’un. La segona era sobre els actes del 5è aniversari de la mort d’en Josep Verdaguer, pintor de Sant Andreu, i la tercera sobre la Promoció de l’Envelliment Actiu. Curiosament, sent Congrés-Indians el barri més envellit i sobreenvellit del Districte, a la mesura no hi ha cap iniciativa específica per al barri, i fins i tot van acceptar que en aquesta legislatura no tenen previst impulsar la construcció del casal del Canòdrom.
Després de les mesures de govern vam entrar en l’informe del Regidor. Aquest conseller li va preguntar per uns quants temes, dels quals aquí només us explico els que afecten directament el nostre barri:
1- El Districte no ha donat cap explicació sobre una reorganització administrativa que unifica els Serveis a les Persones amb els de Territori. Dit així pot semblar interessant, però aquesta unificació amaga una recentralització en la que els tècnics de barri desapareixeran del territori. L’objectiu és allunyar l’administració dels veïns i les entitats. Els que els heu necessitat sabeu de la feina que fan aquests tècnics, doncs ara se’ls emporten. La realitat és que CiU es va oposar sempre a l’estructuració dels barris, i ara la desfan. Això és particularment greu en barris com el nostre, molt lluny de la plaça Orfila. Doncs bé, el regidor no va oferir cap explicació al respecte.(Podeu llegir la meva opinió amb més detall al bloc Sense Embuts)
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[ ] Dos activistas fueron detenidas en el bautizo simbólico de una calle, que recordaba a la cooperativista republicana Elissa Garcia
Barcelona. (Redacción).- Un manifiesto y una recogida de firmas virtual denuncian “la desproporcionada actuación de la Guardia Urbana” del barrio barcelonés de Sant Andreu durante un acto simbólico que pedía rebautizar la calle de les Monges con su anterior nomenclatura republicana, Elissa Garcia Sáez. La acción, realizada el pasado 3 de marzo, consistía en colocar encima de la placa de mármol oficial una pegatina blanca que reproducía el nombre de esta miliciana y cooperativista republicana, nacida en 1916 y fallecida en el Frente de Aragón en 1936 cuando ejercía de infermera. Elissa Garcia habría sido la primera vecina del barrio fallecida en combate tras el levantamiento franquista y el gobierno republicano le dedicó esta calle del núcleo antiguo de Sant Andreu -entonces rebautizado como Harmonia de Palomar– en enero de 1937.
El manifiesto, sin autoría pública, ha recibido ya el apoyo de la asociación de vecinos del barrio. Asegura que la Guardia Urbana actuó de forma “desproporcionada” y “sin ningún respeto” al pedir identificaciones masivamente a los asistentes al acto, “acusando sin fundamento ni pruebas” de la autoría del cartel colocado. Considera que tampoco fue proporcionada la cantidad de agentes destinados, “cinco vehículos en menos de un cuarto de hora”, que contrapone a la poca respuesta policial a las “habituales y reiteradas peticiones del vecindario”.
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[ ]  Com sabeu, el passat 25 de febrer vam tenir consell de barri a Congrés-Indians. Us en faig cinc cèntims:
La primera conclusió que en vam poder treure és que és l’únic consell de barri del Districte on la gent ha deixat de portar les seves reclamacions. L’exigència d’omplir un paper abans d’intervenir sembla ser una barrera per als veïns que només venien a parlar dels petits problemes de la seva vida diària. Encara que això allibera temps per dedicar-lo a discutir temes més transcendentals, penso que allunya la gent dels seus representants polítics, i també evita que uns veïns coneguin els problemes que presenten els altres. En la meva opinió és un allunyament entre la política i la gent. L’audiència pública és necessària, i cal crear espais per poder debatre temes amb més profunditat. Si les dues coses són incompatibles, potser cal crear-hi espais diferenciats.
Dit això, només va fer una pregunta en Jordi Flores, de la Plataforma de Pistes Vèlia. Es va interessar pel Pla d’Ascensors, que tant d’èxit va tenir al Congrés. El regidor Blasi li va respondre que l’Ajuntament té la voluntat (no va dir pressupost) de continuar-lo, però estan a l’espera de què diu la Generalitat sobre la seva part. O sigui, espera que t’esperaràs i cap solució a les escales interessades.
També es va parlar de la necessitat d’arreglar Cardenal Tedeschini i Puerto Príncipe, que són els carrers més deteriorats en aquest moment. La resposta va ser que està en el pla d’actuació Municipal però sense data. El Regidor desconeixia si en el pla d’inversions del 2013 (no) o el 2014. Ja veurem
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[ ]  Diego Arcos, periodista i escriptor.
Argenti, immigrat i català
Anem per parts, allò que esta passant, passa perquè alguna cosa ha passat.
Per què ara, per què no fa dos o cinc anys? Perquè ara es deslliuren totes les denuncies de corrupció?
Aquesta pregunta no es pot respondre tan sols amb la legítima i certa denúncia del joc brut dels serveis d’espionatge (dir-ne d’intel·ligència és un insult a la intel·ligència) contra el procés d’Independència de Catalunya.
La onada de cassoles destapades arrasa tot l’estat i especialment Madrid, no tan sols els PPCC.
Des de la meva opinió, això passa perquè la complicitat de classe entre les diferents burgesies i castes burocràtiques de l’Estat s’ha trencat.
Els capitalistes de l’estat espanyol mantenien un pacte de cavallers, si aflorava un escàndol a Galícia, els burgesos catalans i bascos li treien ferro, si un ganàpies de Madrid queia per la seva grolleria en el moment de robar, tothom de les altes esferes miraven cap un altre costat.
Aquesta conxorxa de classe s’ha trencat per una sola raó i tan sols una: Per la caiguda de la Corona, perquè la corona ha començat a caure i ja no l’aturarà ningú.
Era el Rei qui garantia una impunitat a prova de tot, pels xoriços dels salons reials espanyols.
Es tractava de l’aliança estratègica entre les burgesies de Catalunya, Euskadi i Galicia, les castes terratinents d’Andalusia i d’Extremadura i les castes burocràtiques de Madrid, de tots aquests sectors de “bon vivants” que jeien a l’ombra de la Corona.
Aquesta conxorxa estava escenificada amb el lliurament d’una filla reial als dominis d’un dels aliats, al mes pur estil medieval. L’Elefanta i el xoriço vivien a Barcelona i ella assitia dos dies a la setmana a La Caixa a fer el paripé.
Dic assitia, perquè dir que anava a treballar seria un altre insult, però als treballadors.
La presencia de la Infanta era la escenificació a La Caixa de l’aliança entre la burgesia catalana i la Corona. I com si això fos natural, aquesta aliança incloïa un xec d’impunitat.
La corrupció no es filla dels diners, es hereva de la IMPUNITAT.
L’estat Espanyol, com tots els estats, es basa en un contracte entre les institucions i els súbdits, que a l’Espanya de ciutadans no n¡ hi ha; la població som un grapat de súbdits del Rei.
Aquest Contracte social es basa en la Llei suprema: la Constitució.
I aquesta constitució estableix, negre sobre blanc, que els actors de la societat són dos: per una banda tota la població, que és el 50 %, i per l’altra un senyor de cognom Borbó que és inimputable, és impune per imperi de les lleis.
La impunitat raja de la Constitució, i entre les prerrogatives, hi ha la de l’indult.
Tota la corrupció dimana de la Constitució espanyola, perquè l’Estat espanyol és una entitat corrupta per naturalesa, ho porta en el seu ADN.
És com la corrupció del gos sanguinari d’Extremadura, Hernán Cortés, venerat per molts extremenys, que després de pactar amb Moctezuma que el deixaria tranquil si omplia una habitació d’or i cinc de plata; i en el moment d’arribar els metalls preciosos al sostre, li va tallar el cap. I Així podríem continuar fins a Franco i don Juan Carlos.
L’única solució a la corrupció és la República, que els ciutadans puguin sancionar els funcionaris que hauran d’estar al servei del poble.
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ASESORAMENT JURIDIC- ALMECIJA – ADVOCATS
