La medida incluida pretende reducir al mínimo legal el número de estos trabajadores liberados y las subvenciones que reciben los sindicatos
Redacción (Barcelona).- El Govern de Artur Mas plantea suprimir todos los liberados sindicales posibles de la Generalitat. Esta es una de las medidas concretadas en el pliego expuesto por la administración catalana a los sindicatos de los trabajadores públicos, cuyas negociaciones permanecen en paréntesis tras la manifestación ilegal llevada a cabo por los funcionarios de prisiones de la Modelo el pasado viernes. Según avanza RAC1, la medida supondría que los 117 empleados públicos que ahora dedican toda la jornada laboral a tareas sindicales dejen estas tareas para volver a sus puestos de trabajo ordinario.
El Govern pretende reducir al mínimo establecido por ley el número de estos liberados sindicales, de manera que se reduciría hasta casi una cuarta parte de los actuales. La propuesta es la última que figura en el documento que reúne las 19 que ha planteado el Ejecutivo catalán para reducir el déficit y que iría acompañada de una reducción de las subvenciones que reciben los sindicatos por esta eventualidad hasta el mínimo marcado por la ley.
Según ha podido saber RAC1, con la propuesta, el Govern quiere sacar el máximo rendimiento de la plantilla de trabajadores públicos que ahora realizan actividades como liberados sindicales. De esta forma, el Ejecutivo catalán pretende ahorrar 7 millones de euros del total destinado por este ámbito a los sindicatos, ganar 117 trabajadores de entre los liberados totalmente y más de 7.000 horas de trabajo de empleados que dedican partes de la semana en tareas sindicales (el equivalente a 50 trabajadores más).
En la actualidad, la Generalitat tiene unos 170 mil trabajadores de los que 1.600 destinan una parte del día a labores sindicales y 518 se dedican la totalidad de la jornada. Siguiendo el patrón de máxima austeridad, los planes del Govern son reducir tanto como lo permita la ley en este ámbito.
Las medidas no es nueva en el Estado, ya que los gobiernos del PP en Castilla-La Mancha y Baleares ya la han aplicado.
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